**El vicepresidente Tareck el Aissami advirtió que la justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la asamblea constituyente
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al gobierno venezolano que no use la justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que ha sido sometida casi medio centenar de personas y a la que el gobierno no parece querer renunciar.
«Urgimos al gobierno a que inmediatamente deje de usar la justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías», afirmó Liz Throsell, portavoz de la Oficina, en rueda de prensa.
El vicepresidente Tareck el Aissami advirtió ayer que la justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la asamblea constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio.
“Traición a la patria”
Uno de los principales cargos imputados en los juicios militares a civiles es el de traición a la patria. Para procesar de forma penal el cargo, el ciudadano se supone que debe conspirar con una potencia extranjera para cambiar la forma republicana de gobierno.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece la aplicación de cargos de traición a la patria a civiles. En el artículo 128 del COPP se señala que cualquiera que, en acuerdo con una nación extranjera, conspire en contra de la seguridad de la nación y de las instituciones republicanas, debe ser castigado con una pena de 20 a 30 años de cárcel.
Pero de acuerdo con el COPP, la aplicación de un juicio a un civil bajo el cargo de traición a la patria debe ser en una corte ordinaria.
El caso más reciente en el que un civil fue acusado ilegalmente de traición a la patria en un tribunal militar es el del periodista Carlos Julio Rojas, quien se encuentra recluido en la prisión de Ramo Verde. El también activista por los derechos humanos y coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria es acusado además de rebelión y sustracción de elementos pertenecientes a la FANB.
Otro caso relevante fue la detención de Roberto Picón, asesor electoral y miembro del Grupo Técnico de Apoyo Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo aprehendieron al ingresar violentamente a una vivienda privada en Altamira. Fue acusado de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de elementos militares.
